En lo que va de enero, Diego Santilli desplegó una intensa agenda federal que lo llevó a seis provincias y le permitió cosechar el apoyo público de al menos cuatro gobernadores a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Aunque algunos mandatarios optaron por mantener definiciones ambiguas como moneda de negociación, en la Casa Rosada prevalece el optimismo: ninguno de los aliados habituales ni de los sectores dialoguistas expresó un rechazo frontal. En el oficialismo resumen el clima con una frase recurrente: todo está en discusión.

El último jueves, el ministro del Interior se reunió en Entre Ríos con Rogelio Frigerio. Tras el encuentro, el gobernador fue contundente al afirmar que Santilli se llevaba “un respaldo firme del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral”, al tiempo que destacó que la iniciativa apunta a “incorporar y otorgar derechos a trabajadores que hoy están fuera del sistema”.

Un día antes, el funcionario había pasado por Neuquén, donde el balance fue más matizado. El gobernador Rolando Figueroa aseguró que acompañará “toda iniciativa que impulse el desarrollo”, recordó que su provincia fue “pionera en introducir cambios relevantes en la legislación laboral”, pero dejó claro que evaluará el impacto concreto de la ley en el territorio neuquino. Además, volvió a reclamar una deuda de USD 200 millones que Nación mantiene con la caja previsional provincial. “Siempre vamos a apoyar lo que beneficie a Neuquén y a rechazar lo que la perjudique”, sintetizó.

En cada escala de la gira, Santilli insistió con un mismo argumento: “ningún gobernador puede oponerse a una ley que promueve el empleo privado, mejora la productividad y estimula las inversiones”. Sin embargo, en casi todas las reuniones aparecieron objeciones a los artículos 190 y 191 del proyecto, que reducen alícuotas de impuestos —entre ellos Ganancias— y afectarían la masa de fondos coparticipables que reciben las provincias, estimada en alrededor de $1 billón.

Desde el Gobierno explican que la rebaja de Ganancias implicará un costo fiscal equivalente al 0,65% del PBI, de los cuales el 0,5% recaerá sobre la Nación y el 0,15% sobre las provincias. No obstante, aseguran que ese impacto se compensará con mayor actividad económica y la formalización de unos 400 mil trabajadores. Dentro del propio oficialismo conviven posturas distintas: figuras como Patricia Bullrich y Santiago Caputo se muestran dispuestas a conceder cambios para asegurar apoyos provinciales, mientras que otros, como el ministro de Economía Luis Caputo, prefieren sostener el texto original.

En el Senado, La Libertad Avanza parte de un piso de 21 votos propios, a los que se suman tres del PRO. A ese bloque se agregan los senadores de la UCR, que acompañaron el dictamen oficialista en comisión. Se trata de siete radicales alineados con gobernadores —Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Carolina Losada y Eduardo Galaretto (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza), y Silvana Schneider (Chaco)— y tres que responden a oposiciones provinciales —Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

Los diez votaron junto al oficialismo el Presupuesto 2026 en diciembre, y además existen gobernadores con vínculos políticos directos con el Ejecutivo nacional, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. “Necesitamos una nueva reforma laboral porque las recetas del pasado siempre conducen a los mismos resultados”, afirmó Zdero tras reunirse con Santilli. Cornejo, por su parte, sostuvo que la iniciativa “aporta previsibilidad y facilita la creación de empleo” y que “aunque bajar impuestos reduzca la recaudación en el corto plazo, el objetivo es que la economía crezca”.

Con 34 votos ya contabilizados a favor, el Gobierno necesita sumar apoyos de senadores provinciales para alcanzar el quórum de 37. En ese grupo aparecen la chubutense Edith Terenzi, cercana a Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, alineada con Gustavo Sáenz; la neuquina Julieta Corroza; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, del gobernador Claudio Vidal; y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, vinculados a Carlos Rovira.

Santilli visitó Chubut, aunque allí la agenda pública estuvo dominada por la crisis de los incendios forestales. En Salta, en cambio, el clima fue más favorable. “No hay que tenerle miedo al cambio ni al avance”, afirmó Sáenz, quien mantiene una relación cada vez más aceitada con la Casa Rosada. En el oficialismo confían en sumar apoyos de Neuquén y Misiones mediante concesiones puntuales y, además, cuentan con el respaldo de peronistas no alineados: Raúl Jalil podría aportar el voto del catamarqueño Guillermo Andrada, mientras que Osvaldo Jaldo sumaría los de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila desde Tucumán. De concretarse ese escenario, el proyecto podría superar los 40 votos en la votación general.

En Diputados, el panorama también muestra números ajustados pero favorables. El oficialismo cuenta con 95 votos propios, a los que se agregan 12 del PRO y 2 del MID, lo que eleva el piso a 109. Para habilitar la sesión, necesita alcanzar los 129. Según las declaraciones de los gobernadores de Salta y San Juan, el Gobierno ya tendría garantizados cinco votos adicionales. El radicalismo (UCR + aliados bonaerenses) aportaría otros siete, dado que no solo respaldó el dictamen en el Senado, sino que también impulsó su propia reforma laboral durante el debate de la Ley Bases. Así, el oficialismo se acerca a los 121 votos.

Los peronistas disidentes de Tucumán y Catamarca —seis bancas en total— podrían dejar al Gobierno a un paso del quórum, mientras que las negociaciones con provincias aliadas terminarían de inclinar la balanza: Misiones (4), Neuquén (1), Santa Cruz (1) y San Luis (1).

En paralelo, las provincias mineras —Catamarca, San Juan, Neuquén y Santa Cruz— siguen de cerca el avance del proyecto para modificar la Ley de Glaciares, una iniciativa que ampliaría las facultades de los gobiernos locales para habilitar emprendimientos productivos en zonas actualmente restringidas y que podría convertirse en otra ficha clave en el tablero de negociaciones.